Los socios que en virtud de la transformación acepten responsabilidad personal e ilimitada por las deudas sociales responderán en exactamente la misma forma de las deudas anteriores a la transformación.

Las bonificaciones establecidas en el presente artículo, se financiarán con cargo al presupuesto para 2023 de la sección 17 «Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana», servicio 39 «Dirección General de Transporte Terrestre», programa 441M «Subvenciones y Apoyo al Transporte Terrestre» y concepto 477 «Ayudas para reducción del precio de títulos multiviaje en las concesiones de transporte regular de viajeros por carretera competencia de la AGE». A partir de 2023 las sociedades concesionarias remitirán a la Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje, en los primeros 15 días naturales de cada trimestre, una relación de los tránsitos que se hayan producido en el período de tres meses anterior, indicando sus capital por peaje y los que habrían percibido si no se hubiesen aplicado las medidas reguladas en el artículo. Las sociedades concesionarias facilitarán al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana cualquier comprobación que se estime oportuna con relación a la documentación remitida. Se atribuye la competencia para la administración de las ayudas reguladas en este capítulo a la Administración Tributaria que tenga atribuida la rivalidad para la administración de la devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos por el gasóleo de uso profesional establecida en el artículo 52 bis de la Ley de Impuestos Especiales. Los adjudicatarios de esta ayuda deberán cumplir con todas y cada una de las obligaciones establecidas en el producto 52 bis de la Ley de Impuestos Particulares y su normativa de avance. El importe individual de la asistencia se determinará para cada buque en función de su arqueo bruto y de las millas recorridas en su servicio regular.

REUNIÓN DE INVIERNO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEUMOLOGÍA Y CIRUGÍA TORÁCICA

El producto 86 de la Constitución Española deja al Gobierno dictar decretos-leyes «en caso de extraordinaria y urgente necesidad», siempre que no afecten al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I de la Constitución, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general. Se configura, por consiguiente, esta norma como un instrumento con unos contornos bien establecidos en los que el juicio político de oportunidad y necesidad goza de un amplio margen, siempre y cuando se oriente en lograr un resultado preciso frente a una situación de urgencia ineludible. Junto a la prórroga de las medidas de acompañamiento público para evitar que se comprometa el tejido productivo y para achicar los efectos sociales y económicos, es preciso prorrogar las medidas de acompañamiento precisas para asegurar la protección popular, evitando despidos y destrucción de puestos de trabajo en dichas circunstancias extraordinarias, temporales y urgentes. El presente real decreto-ley tiene dentro asimismo otras medidas urgentes para contemplar ciertas lagunas que tienen un impacto muy negativo desde el punto de vista económico o popular. Los expedientes de regulación temporal de empleo derivados de las ocasiones de fuerza mayor provocadas por la erupción volcánica todavía dan cobertura a un número considerable de trabajadores de empresas que aún no pudieron regresar a la actividad, con lo que concurren razones de excepcional y urgente necesidad para tener nuevo la prórroga de las medidas extraordinarias ahora previstas para paliar dicha situación.

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La base máxima anual de esta deducción será de 4.000 euros anuales y estará constituida por las proporciones cumplidas, mediante tarjeta de crédito o débito, transferencia, cheque nominativo o ingreso en cuentas en entidades de crédito, a la gente o entidades que efectúen la instalación, debiendo descontar aquellas cuantías que, en su caso, hubieran sido subvencionadas mediante un programa de ayudas públicas. En ningún caso, van a dar derecho a entrenar deducción las proporciones cumplidas mediante entregas de dinero de curso legal. Los usuarios finales, incluyendo los usuarios domésticos, están en su derecho a participar en una red social de energías renovables al unísono que mantienen sus derechos u obligaciones como usuarios finales, y sin estar sujetos a condiciones injustificadas o discriminatorias, o a procedimientos que les impidan formar parte en una red social de energías renovables, siempre y cuando, en el caso de las compañías privadas, su participación no constituya su primordial actividad comercial o profesional. «diez. El Banco de España supervisará y sancionará a los órganos externos de control del conjunto de cobertura en los términos indicados en los productos 61 bis a 61 quater del presente real decreto-ley. Y también) a solicitud de la entidad emisora cuando el nivel de sobregarantía sea superior al mínimo exigido, legal o contractualmente, siempre y cuando cuente con la autorización del órgano de control del grupo de cobertura y esto no suponga el incumplimiento de ninguno de los requisitos y limites demandados a los activos de cobertura en este real decreto-ley.

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2.º en el caso de escisión total, justo después de la recepción de la notificación de que se ha registrado la sociedad o sociedades adjudicatarias en el o los Registros de sus respectivos Estados integrantes. El Registrador avisará al registro del Estado o Estados integrantes de origen, a través del sistema de interconexión de registros, que la operación de transformación, fusión o escisión ha surtido efecto. El Registrador Mercantil procederá a la inscripción de la operación de modificación estructural en el momento en que compruebe que se han cumplido correctamente todas y cada una de las condiciones exigidas y se han cumplimentado adecuadamente los trámites precisos. 3.º Información, en su caso, sobre las medidas adoptadas con relación a la participación de los trabajadores. Asimismo verificará que las disposiciones sobre la participación de los trabajadores se hayan establecido de conformidad con lo previsto en este real decreto-ley. El certificado previo se compartirá con la autoridad que el Estado integrante de destino haya designado como competente para el control de legalidad de la operación, a través del sistema de interconexión de registros.

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Se trataba de limitar los costos económicos y sociales de la distorsión de naturaleza geopolítica en el precio del gas, Forum.Prolifeclinics.Ro agarrar de raíz el desarrollo inflacionista y hacer más simple la adaptación de la economía a esta situación de naturaleza temporal, reforzando al tiempo las bases de la recuperación económica y de la creación de empleo de calidad. Entre las medidas adoptadas, cabe apuntar la bajada de los impuestos en el ámbito eléctrico, una bonificación al precio de los carburantes, y un escudo social para respaldar singularmente a los colectivos mucho más vulnerables, aparte de esenciales ayudas a los campos productivos mucho más afectados por el alza de los costes de le energía, como el transporte, la agricultura y ganadería, la pesca, las industrias electro y gas intensivas. Además de esto, se adoptó un importante incremento de las posibilidades sociales (Ingreso Mínimo Vital y pensiones no contributivas) y otras medidas de protección para los colectivos más atacables. Es, por ende, imperioso que los Poderes públicos atiendan a estas necesidades apremiantes en el ámbito para garantizar su viabilidad y sostenibilidad, prestando asistencia a su mantenimiento en esta coyuntura tan frágil. Por ese motivo, no es susceptible de aprobarse un bulto de medidas de tal impacto y extensión con la urgencia requerida si no es por medio de un real decreto-ley.